Congreso pretende dejar sin efecto límites impuestos a conciliaciones laborales con el Estado
CONGRESO NACIONAL
10/13/20262 min read
Luego de la entrada en vigor del artículo 95-A de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2026, que modificó las reglas para el cobro de sentencias laborales contra el Estado, el Congreso Nacional prepara una nueva reforma para eliminar los puntos que han generado mayor controversia.
El presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, confirmó que se busca suprimir el último párrafo de la disposición, que establece un pago de hasta el 80 % del monto de la sentencia y un plazo de hasta tres años para cumplir con la obligación.
“Lo que vamos a eliminar es el último párrafo que establece un porcentaje hasta 80% y tres años para pagar, porque al final el término conciliación es un acuerdo entre partes y no podemos poner desde el Congreso Nacional una camisa de fuerza o un parámetro para conciliar”, explicó Zambrano.
El titular del Congreso sostuvo que las condiciones de una conciliación deben ser acordadas directamente entre las partes involucradas y no determinadas previamente por el Poder Legislativo.
“Ya eso es un acuerdo entre el abogado y los demandantes con cada una de las dependencias del Estado, qué condiciones acordarán”, agregó.
Artículo generó cuestionamientos
El artículo 95-A fue aprobado como parte del Presupuesto 2026 y estableció que las sentencias firmes derivadas de demandas laborales contra el Estado podían ser sometidas a conciliación bajo un límite de hasta el 80 % del monto y con un plazo de pago de hasta tres años.
La disposición provocó cuestionamientos entre demandantes y abogados laboralistas, quienes señalaron que imponer un porcentaje y un período determinado desnaturalizaba el carácter voluntario de una conciliación.
Según especialistas citados, la conciliación debe surgir de un acuerdo entre las partes y no de condiciones establecidas de manera obligatoria por el Congreso.
Reforma podría beneficiar a trabajadores
La modificación anunciada podría beneficiar a empleados públicos que ya cuentan con sentencias laborales favorables y se encuentran a la espera de recibir los montos correspondientes.
La propuesta deberá avanzar en el pleno del Congreso Nacional en los próximos días para que la eliminación del porcentaje máximo y del plazo de tres años quede formalmente aprobada.
Mientras tanto, permanece la expectativa entre trabajadores con sentencias firmes que buscan cobrar la totalidad de sus derechos laborales.